jueves, 30 de mayo de 2013

Algunas alternativas a la reforma de la Ley de Educación

Revista Trasversales número 28 mayo 2013

Otros textos del autor en Trasversales

José Luis Carretero Miramar
 es profesor de Formación y Orientación Laboral. Miembro del Instituto de Ciencias Económicas y de la Autogestión(ICEA).



Educar es compartir el conocimiento, alimentar un fuego, erigir los pilares necesarios para edificar una alternativa real y vivible. Al fin y al cabo, como alguien dijo, “quien no enseña lo que sabe, crea pestilencia”. Educar es, pues, construir ciudadanía y capacidad de intervención democrática.

Sin embargo, todos estos significados de la actividad educativa se encuentran en nuestro mundo en claro retroceso. Las grandes líneas de fractura que han llevado al sistema capitalista a su mayor crisis en más de cien años se reproducen y profundizan en el ámbito pedagógico y de la organización escolar.

Financiarización acelerada, con intervención cada vez más acusada de las entidades aseguradoras y los Fondos de Inversión en una actividad que se va volviendo de pago, y a la que muchos y muchas sólo pueden acceder mediante el oportuno préstamo de las entidades financieras. Recordemos que, en el Reino Unido, dos tercios de los estudiantes universitarios han necesitado endeudarse para pagar sus matrículas. El vertiginoso inicio de una nueva burbuja global.

Descentralización productiva, con la eliminación inmisericorde de puestos de trabajo docente y con la precarización de las condiciones laborales de los que quedan. En el Estado Español, en los últimos años, la sangría de trabajadores interinos ha sido conscientemente buscada por unos responsables políticos que sólo quieren rebajar los gastos sin disminuir sus propios emolumentos y los de sus asociados.

Acumulación por desposesión, en la forma de privatizaciones, externalización de servicios, conciertos, abatimiento del prestigio de los profesionales públicos.

No es ajena, por supuesto, a todos estos procesos cada vez más perentorios, la dicción del articulado de la Ley Orgánica de Medidas para la Calidad Educativa (LOMCE), presentada por el ministro Wert. En ella podemos encontrar la profundización de una línea basada en la mercantilización de la actividad educativa y en la transformación de los centros escolares en nuevas fuentes de clientelismo político.

Así, la realización de pruebas de reválida, cuyos resultados podrán ser hechos públicos, junto a la nueva filosofía de que “el dinero siga al alumno” en el marco de un área única educativa, permitirá la segregación clasista del alumnado, profundizada aún más por la elección temprana entre itinerarios profesionales o académicos, firmemente diferenciados.

Además, el reforzamiento de la figura del Director del centro escolar, ya nombrado casi directamente por la Administración, como responsable de Recursos Humanos con potestad para establecer requisitos específicos para los puestos ofertados de personal funcionario, o para rechazar interinos enviados por las listas centralizadas, permitirá generar un espacio educativo edificado sobre las bases del clientelismo y el turnismo más decimonónicos. Precisamente lo que la misma configuración de la función pública como una carrera estable y como un ámbito sometido a criterios legales objetivos pretendía impedir.

Y, junto a ello, la configuración de toda una novedosa “zona gris” de huida del Derecho del Trabajo, constituida por los alumnos de la Formación Profesional y de la Universidad, que serán utilizados como mano de obra barata y servicial en una barahúnda de “prácticas formativas” (y, por tanto, ajenas a los derechos contemplados por la legislación laboral, también aquí en retroceso) que impedirá una política nacional de cambio de modelo productivo, y que garantizará la continuidad de una estructura económica basada en el trabajo precario y ultraflexible.

Nada de todo esto contribuirá, por supuesto, a la elevación de los indicadores de calidad educativa ni a la mejora del proceso redistributivo y de desarrollo de las capacidades humanas que la enseñanza, en sí misma, representa. La brecha clasista abierta entre los jóvenes se profundizará aún más (hoy en día, por cada 2,7 hijos de profesionales y gerentes que estudian el Bachillerato, sólo hay un hijo de trabajadores sin cualificación en las mismas aulas), y las condiciones de trabajo y de ejercicio de su actividad se degradarán para los docentes y el resto de la comunidad educativa.

Porque, ¿qué es lo que genera, realmente, calidad en la actividad educativa? ¿Qué mejora el desempeño en las aulas, el proceso de enseñanza, el “encantamiento” con el saber en que consiste el acto de aprender?

Reiterados informes internacionales afirman que esto sólo lo determina la calidad, precisamente, del personal que trabaja en los centros educativos.

Y así se impone poner en marcha una alternativa que implique una transformación en la dirección contraria a la impuesta por la legislación neoliberal y mercantilizadora actual. Una alternativa con ejes fundantes como los siguientes:

-La formación intensiva de los docentes en las más avanzadas filosofías (y no sólo tecnologías) educativas que, desde una perspectiva transformadora, plantean novedosas formas de hacer frente a la praxis pedagógica. Estamos hablando de Paulo Freire, de Montessori, de Hugo Assmann, de Rafael Porlán (por no irnos muy lejos), de la pedagogía libertaria y del más avanzado estudio de lo que apuesta por ser una práctica basada en el aprendizaje colaborativo, significativo y concientizador.

El esfuerzo formativo implica, por supuesto, la apertura a la experimentación. Implica no hacer un dogma de la estructuración de los horarios y los espacios, así como de la pseudo-evaluación actual (burocrática y puramente formalista, las más de las veces). Implica abrir las cancelas y las ventanas de los centros educativos para que entre el aire fresco, para que docentes y discentes se re-encanten con su propia práctica.

-Además, se debe favorecer de forma clara y decidida la investigación por parte de los docentes. Forma parte de las funciones legales de profesores y maestros, pero es algo que ha sido abandonado y dejado en exclusividad para una Universidad en franco desmantelamiento.

Favorecer, con recursos, reconocimientos y espacio temporal, la actividad investigadora de los docentes en sus ámbitos de conocimiento y en la propia esfera pedagógica, ha de permitir movilizar las energías y capacidades de las gentes que pueblan las aulas. Eso implica, por supuesto, establecer el oportuno horario para ello y no sobrecargar con actividades lectivas y burocráticas a los trabajadores. Implica tomarse en serio el desarrollo profesional, y aún humanístico, de los empleados públicos que tenemos contratados.

-Por supuesto, para que esto último pueda llevarse a efecto, es absolutamente imprescindible garantizar la estabilidad del personal docente.

Enseñar no es poner ladrillos, no se le parece. Una estructura productiva (la de las últimas décadas) centrada en el trabajo ultraflexible y descualificado, ha hecho a nuestros responsables políticos y económicos incapaces de valorar la importancia del conocimiento y del saber, así como sus condiciones de posibilidad. La actividad educativa precisa de formación previa y continua, tanto en lo teórico como en lo práctico. Precisa poder reflexionar sobre lo que se ha hecho el curso pasado, y sobre lo que ha sucedido ayer en el aula.

Cada día, cada clase, cada alumno, es único e irrepetible, en una actividad profundamente dinámica y en evolución constante. Impedir la estabilidad es impedir la calidad. Así de simple.

-Además, hay que garantizar los recursos necesarios. Se impone dejar a la Educación fuera del vértigo de los recortes, de la espiral de la deuda.

El aprendizaje es una actividad que ocurre en un contexto y con unos recursos, que implica poner en juego el futuro mismo de la sociedad que la lleva a cabo. Todo ello hace cada vez más imprescindible ligar y alinear al sindicalismo y el activismo educativos con las reivindicaciones por la Auditoría de la deuda y por la transformación política, social y económica, que permita hacer frente a las responsabilidades que todos tenemos con las generaciones siguientes.

- Y el modelo para tal transformación, en el mundo educativo, ha de ser profunda y ampliamente democrático. Lo que impone la autogestión de los centros (que han de seguir siendo de titularidad pública, por supuesto) por parte de la Comunidad Educativa hasta donde sea posible.

Hay que establecer cauces y vías de participación ciudadana, de corresponsabilidad de docentes, padres y madres, discentes y la comunidad en general; hay que hacer de lo educativo un tema de debate y reflexión. Repolitizarlo, pero no en el sentido actual de ser un juguete de la casta política, sino en la dirección de ser una asunto a tratar, seriamente, en la polis, entre los ciudadanos, entre los afectados, entre las clases populares.

Sólo así se podrá construir un ámbito educativo blindado a la dictadura mercatilizadora de la oligarquía financiera transnacional y sus servidores domésticos. Sólo así se podrá levantar una auténtica democracia cognitiva que fundamente un orden social cada vez más justo.

Decía Voltaire, en su momento que "en cada pueblo de Francia hay una antorcha –el maestro- y un apagafuegos –el sacerdote-". Ahora el papel de bomberos lo han asumido muchos más personajes (planificadores, financieros, doctorados de las Escuelas de Negocios, tertulianos). Pero son bomberos pirómanos. Realmente están creando el caos. Sólo nos queda recuperar, de una vez por todas, la ardiente racionalidad de una democracia digna de tal nombre.



miércoles, 29 de mayo de 2013

No somos dóciles.

No somos dóciles. Por eso nos metimos donde nos metimos. No decimos siempre lo conveniente o lo que quiere la secta. Nos somos complacientes, no somos la voz que adula a la mayoría, sino la que intenta encenderla de vitalidad. Trabajamos por un tiempo sin espuelas, sin oscuridades, sin resentimientos. Pasamos los días conspirando y amando, apostando, aprendiendo y, las más de las veces, perdiendo. Cubrimos los segundos que pasan con el manto de nuestra energía derramada, con nuestras manos rotas de esperanza, con nuestra insubordinación. Y así seguimos.

Externali..privatización y lengua.

Hoy hablamos sobre la Sanidad Pública y el desvío de clientes al negocio privado y empresas afectas, la LOMCE y cómo afecta a las diferentes lenguas del Estado Español. Con Emilio José, Jaime Garo, Chus Marcano y José Luís Carretero. Conduce Juan Carlos Barba.




domingo, 26 de mayo de 2013

Clamor sindical en Portugal contra los nuevos ajustes.

Me entrevistan en RT en español, sobre las movilizaciones contra la Troika y los planes de ajuste en Portugal.
http://actualidad.rt.com/video/actualidad/view/95508-protestas-portugal-ajustes

martes, 21 de mayo de 2013

Deuda odiosa

Hoy hablamos sobre la deuda odiosa: si tiene algún fundamento la calificación de la deuda como odiosa, qué consecuencias puede tener, cómo se puede negociar, qué antecedentes podemos encontrar y qué alegaciones que se pueden hacer desde el punto de vista jurídico. Con José Luis Carretero y Antonio Rosenthal. Conduce Juan Carlos Barba:

http://www.ivoox.com/deuda-odiosa-economia-directa-19-05-2013-audios-mp3_rf_2057065_1.html


sábado, 18 de mayo de 2013

Primera Feria de la Economía Solidaria de Madrid

Como socio colaborador de Coop 57 (http://www.coop57.coop/) y suscriptor del periódico Diagonal (www.diagonalperiodico.net)  no puedo menos que animaros a pasar los días 1 y 2 de junio por la Feria de la Economía Solidaria de Madrid. Aquí tenéis el enlace a toda la información. Que lo disfrutéis.

http://laferiamadrid.mercadosocial.net/la-feria-del-mercado-social/



jueves, 16 de mayo de 2013

El despido "por causas objetivas"

Por José Luis Carretero Miramar (aparecido en el blog "Economía para todos": http://www.diagonalperiodico.net/blogs/economia-para-todos/despido-por-causas-objetivas.html
 
            ¿Pueden echarte del trabajo por haber ido al médico reiteradamente, porque han cambiado el programa informático con el que se hacían las cosas, o porque la dicen que la empresa va mal aunque sigue teniendo beneficios?
           
            El Artículo 52 del Estatuto de los Trabajadores permite despedir al trabajador por causas que no son atribuibles a un incumplimiento contractual por su parte. Se trata del tipo de despido más utilizado en la actualidad.
 
            Las causas cuya existencia en el caso concreto convertirá al despido en procedente, son las siguientes:
 
            -La ineptitud del trabajador conocida o sobrevenida con posterior a que empiece a trabajar en la empresa. Si el empresario ya conocía la causa de ineptitud durante el período de prueba, no la puede alegar con posterioridad. Un ejemplo sería la pérdida del carnet de conducir por parte de un conductor de autobús.
 
            -La falta de adaptación del trabajador a las modificaciones técnicas operadas en su puesto de trabajo, siempre que sean razonables. Previamente, el empresario deberá ofrecer al trabajador formación suficiente para hacer frente a las modificaciones, pagándole su salario y suspendiéndose el contrato de trabajo durante el curso. El despido no podrá producirse hasta que hayan pasado, como mínimo, dos meses desde la introducción de la modificación o desde el final de la formación ofrecida. Un ejemplo sería la utilización de un nuevo equipo o programa informático.
 
            -La amortización de puestos de trabajo por causas económicas, técnicas, organizativas o de producción, en número inferior al necesario para proceder a un despido colectivo. Tras la última reforma, constituyen causas económicas casos tales como la existencia de pérdidas actuales o previstas, o la disminución persistente de ingresos ordinarios o ventas. Se entiende que existe una “disminución persistente” si, durante tres trimestres consecutivos el nivel de ingresos ordinarios o ventas es inferior al registrado en el trimestre anterior. Por lo tanto, no son necesarias pérdidas reiteradas o aún efectivas, para que se de este supuesto.
 
            -Las faltas de asistencia, aún justificadas (es decir, aunque el trabajador tenga su parte médico, por ejemplo) e intermitentes, que alcancen el 20 % de las jornadas hábiles en dos meses consecutivos (siempre que el total de  ausencias en los doce meses anteriores alcance el 5 % de las jornadas hábiles) o el 25 % en cuatro meses discontinuos, dentro de un período de doce meses.
 
            No cuentan para calcular el número de faltas necesarias para proceder a este tipo de despido las debidas a huelga legal, representación de los trabajadores, accidente de trabajo, maternidad, licencias y vacaciones, accidente o enfermedad no laboral cuando la baja dure más de 20 días consecutivos, bajas derivadas de situaciones de violencia de género debidamente acreditadas, ni las relativas a tratamientos de cáncer o enfermedad grave.
 
            Es decir, que se puede despedir a un trabajador por acudir intermitentemente al médico o estar de baja  con una cierta asiduidad, sin que sea por las causas indicadas en el párrafo anterior.
 
            -Insuficiencia de consignación presupuestaria para la ejecución de planes y programas públicos por parte de entidades sin ánimo de lucro. Es decir, cuando, por ejemplo, un trabajador indefinido trabaje para una ONG cuya posibilidad de llevar a cabo un determinado programa dependa del otorgamiento de una subvención pública finalista (que debe ir dedicada a sufragar una cosa concreta), puede ser despedido al no concederse la subvención.
 
            El despido objetivo tiene que efectuarse por escrito, indicando la fecha y la causa de la extinción, con un tiempo de preaviso de quince días. De no cumplirse el plazo de preaviso, los días  que falten para completar esos quince deben ser pagados al trabajador.
 
            Al mismo tiempo debe entregarse al trabajador una indemnización de 20 días de salario por cada año trabajado para la empresa, con un límite máximo de 12 mensualidades. La jurisprudencia admite que, si la extinción se produce por causas económicas, la indemnización no se entregue hasta la fecha de efectividad del despido.
 
            Durante el plazo de preaviso ha de darse al trabajador seis horas semanales de licencia para que busque un nuevo empleo.
 
            En los 20 días hábiles siguientes a la fecha de efectividad del despido, el trabajador puede impugnarlo ante el Juzgado de lo Social que le corresponda, realizando previamente un acto de conciliación. Tras el oportuno procedimiento, el Juzgado declarará el despido procedente, improcedente o nulo (ya explicaremos en un post posterior que significa eso).
 
            Se trata de un tipo de despido que permite prescindir de trabajadores que no han incumplido sus obligaciones contractuales, con una indemnización que no disuade en modo alguno de su utilización, facilitando enormemente la flexibilidad de salida del mercado laboral.

martes, 14 de mayo de 2013

La mala educación

Hoy hablamos sobre la enésima reforma educativa propuesta por el Gobierno y que ha dado lugar a un aluvión de huelgas, manifestaciones y mareas ciudadanas. Hablamos sobre qué filosofía inspira la ley, qué problemas suscita, cuál es el estado de la educación española y qué alternativas educativas existen. Participan Jaime Garo, José Luís Carretero, Chus Marcano, Emilio José y Antonio Rosenthal. Conduce Juan Carlos Barba.

http://www.ivoox.com/mala-educacion-economia-directa-13-05-2013-audios-mp3_rf_2036076_1.html



viernes, 10 de mayo de 2013

Mercado laboral, sistema educativo y brechas sociales. La construcción clasista de la democracia.

En esta dirección tenéis todos los audios del curso de Nociones Comunes "El bienestar malherido. Estado, derechos y lucha por el bien común". Con audios de gente como Monsterrat Galcerán, Ane Varela, José Manuel Naredo, José Luis Carretero Miramar (el mismo que viste y calza), y muchos otros . ¡Altamente recomendable!:
http://nocionescomunes.wordpress.com/2013/02/13/el-bienestar-malherido-estado-derechos-y-la-lucha-por-el-bien-comun/

Mi aportación se llama "Mercado laboral, sistema educativo y brechas sociales. La construcción clasista de la democracia". Les agradezco enormemente a los compañeros de Nociones Comunes que hayan contado conmigo para esta ocasión. ¡No dejen de curiosear por su blog y de ver los cursos, enormemente interesantes, que llevan a cabo!

http://nocionescomunes.wordpress.com/2013/02/13/el-bienestar-malherido-estado-derechos-y-la-lucha-por-el-bien-comun/

jueves, 9 de mayo de 2013

La educación pública española vive una nueva huelga


Me entrevistan en Hispan TV sobre la huelga de la educación pública.


lunes, 6 de mayo de 2013

El contrato de trabajo en prácticas.

Publicado en el blog "Economía para todos": https://www.diagonalperiodico.net/blogs/economia-para-todos 

El contrato de trabajo en prácticas (no confundir con las becas, con las prácticas no laborales o con el módulo de Formación en Centros de Trabajo de la Formación Profesional específica), es un tipo de contrato laboral temporal y formativo.
 
            Como en todo contrato temporal, para su concertación debe de darse una causa específica, que en este caso consiste en la realización de prácticas profesionales que permitan la inserción en el mercado de trabajo de los jóvenes que acaban de finalizar los estudios conducentes a la obtención de un título universitario, de Formación Profesional o un certificado de profesionalidad. De no darse esta  finalidad específica, nos encontraríamos ante un contrato efectuado en fraude de ley, lo que conllevaría que se presumiese legalmente que el contrato es indefinido.
           
            Para poder concertar un contrato en prácticas, el trabajador deberá haber obtenido un título universitario o de Formación Profesional oficialmente reconocido, o un certificado de profesionalidad, en los cinco años anteriores a la fecha de contratación (siete años en el caso de trabajadores minusválidos). El trabajo desarrollado durante la relación laboral deberá estar en relación con el nivel de los estudios cursados.
 
            El contrato tendrá una duración mínima de seis meses y máxima de dos años, pudiéndose concertar prórrogas hasta llegar al límite máximo (los dos años), que han de durar, como mínimo, seis meses cada una de ellas.
 
            El período de prueba tendrá una duración especial, concretada en dos meses para los titulados de grado superior y un mes para los de grado medio.
 
            El contrato debe realizarse por escrito y la jornada puede ser concertada a tiempo completo o a tiempo parcial (con una duración menor al día, semana, mes o año, que la del trabajador a tiempo completo comparable).
 
            La retribución del trabajador será la acordada en el convenio colectivo de aplicación. En defecto de mención en el convenio, no podrá ser inferior al 60 % (durante el primer año de contrato) y al 75 % (durante el segundo año) del salario acordado en el convenio para un trabajador que desempeñe el mismo o equivalente puesto de trabajo. En ningún caso se podrá cobrar menos del Salario Mínimo Interprofesional por realizar una jornada completa. Si el trabajador es contratado a tiempo parcial, su salario se reducirá en proporción al tiempo efectivamente trabajado.
 
            Este tipo contractual cotiza para todas las prestaciones de la Seguridad Social.
           
            Se trata de una modalidad laboral claramente precaria, consistente en establecer un rango salarial menor y una figura de contratación temporal  para los recién titulados, de manera que se incentive su entrada en el mercado de trabajo en condiciones específicas. Su establecimiento concuerda con toda la panoplia de expresiones legislativas que intentan establecer un espacio intermedio entre formación y empleo, en el que no se disfrutarán los mismos derechos que el trabajador “típico” por cuenta ajena, pero se recibirá algún tipo de  aprendizaje (entendido como política activa de empleo, para facilitar una futura contratación, no como formación humana integral).El incumplimiento de la finalidad formativa del contrato, en puridad legal,  conlleva la presunción de fijeza del trabajador. Sin embargo, hay que hacer notar las dificultades que un recién empleado con una relación temporal y de inferioridad retributiva, va a tener, en las situaciones de hecho, y en un contexto de despido facilitado por las recurrentes reformas laborales, para hacer valer sus derechos.
José Luis Carretero Miramar



domingo, 5 de mayo de 2013

Notes on the spanish situation.

Me publican en "Industrial Worker", el periódico del sindicato transnacional Industrial Workers of the World, el artículo "Notes on the spanish situation", traducido al inglés por Daniel Perrett. Thanks to them!

http://www.iww.org/PDF/IndustrialWorker/IWMay2013.pdf