martes, 31 de mayo de 2011

POUR UNE DEMOCRATIE SUBSTANTIELLE.

Aquí tenéis una traducción al francés de la mayor parte del artículo "Por una democracia sustancial", que podéis encontrar más abajo, aparecida en laweb http://www.autrefutur.org/ de la CNT Francesa.

José Luis Carretero Miramar, de Solidaridad Obrera, nous donne cet avis personnel, le 23 mai, Pour une démocratie substantielle
Ces jours ci les places de nos villes ont été occupées par la jeunesse. Elle réclame une “démocratie réelle”, revendique une autre société. La dictature féroce et autiste des marchés a été remise en question par la mobilisation massive et assembléaire d’un peuple entier qui, las de tant de mansuétude, s’est enfin décidé à se rendre maître de son propre destin. […]
Dépassant le précaire médiatique et le “consensus” forcé qui, inauguré dans la transition, a empêché durant des décennies le plein exercice des droits démocratiques par une partie des citoyens, la prise de décisions participative et assembléaire a démontré être un excellent ciment commun.
Mais il faut tenir compte de quelque chose de plus : la nouvelle démocratie réelle ne fonctionnera et ne sera pas possible sans une base sociale suffisamment étendue. Et cela nous pousse à affronter le problème du social et du travail : il n’y a pas de démocratie si elle s’arrête aux portes des lieux de travail, s’il y a une énorme disparité entre les possibilités économiques des différents secteurs productifs, qui pousse les “perdants du marché” à la misère, la précarité ou l’abandon. Sans résoudre la “question sociale”, sans un contenu claire sur ce plan, la démocratie politique ne sera plus qu’un jeu fragile de miroirs, toujours sur la corde raide.
Nous devons donc réclamer la fin de la dictature néo libérale et du pillage effectué par l’oligarchie financière avec la même force et la même impétuosité qu’on réclame d’autres choses : la prétendu dette externe (et, surtout, privée des entités financières) doit être soumise à un audit rigoureux qui impose un accord substantiel ou, simplement, refusée ; les privatisations doivent être suspendues et annulées ; la banque doit être soumise à un contrôle public exhaustif ou nationalisée. Nous devons même aller plus loin, si nous recherchons vraiment et si nous défendons une démocratie substantielle : la cogestion, la récupération d’entreprises par les travailleurs eux-mêmes, le coopérativisme, l’entreprise autogestionnaire et l’économie sociale doivent être appuyés de façon décidée par les nouvelles forces démocratiques. […]
Et cela, bien au-delà des “patriotismes d’organisation” et les aigreurs et les mesquineries de certains secteurs de la gauche qui ont été incapables de comprendre que, quand les gens se soulèvent, tous les catéchismes sont de trop. Si nous voulons construire une nouvelle société, une démocratie substantielle, nous devons chercher les racines de l’arbre de l’inégalité et l’arracher avec fermeté. C’est l’heure des gens, de ceux qui étudient, travaillent et rêvent (qu’ils aient ou pas ce qu’on appelle un “emploi”), de ceux qui doivent décider.
C’est l’heure que le peuple prenne la parole.
l

RAFAEL DEL RIEGO Y EL HILO ROJO DE LA DEMOCRACIA

Hace relativamente poco, un grupo de jóvenes compañeros libertarios me pidieron unan reflexión sobre la historia de la “democracia”. Este fue el texto que les mandé:
RAFAEL DEL RIEGO Y ELHILO ROJO DE LA DEMOCRACIA.

Rafael del Riego
Rafael del Riego fue hecho prisionero el 15 de septiembre de 1823, en pleno derrumbe militar del régimen constitucional ante el absolutismo borbónico, y  fue ejecutado dos meses después en Madrid, en la Plaza de la Cebada. La sentencia (que no llegó a  cumplirse en sus propios términos) establecía que su cuerpo sería descuartizado, que sus cuartos serían repartidos entre los lugares más representativos de su vida (Sevilla, Isla de León, Málaga y Madrid), y que su cabeza sería expuesta por tiempo indefinido en Las Cabezas de San Juan, donde se alzó militarmente contra Fernando VII y su régimen de poder absoluto. El día de su muerte, algunos jóvenes testigos del suplicio (oportunamente bendecido por la Iglesia), entre los que se encontraban los poetas Patricio de la Escosura y José de Espronceda, se juramentaban para vengarle. 

El 14 de abril de 1931, al proclamarse la Segunda República Española, el “Himno de Riego”, escrito en su honor, fue coreado por las multitudes proletarias y republicanas junto a “La Marsellesa”, “A Las Barricadas” y “La Internacional”, como un claro símbolo de la República en ciernes. Años antes, el célebre pedagogo anarquista Francisco Ferrer i Guardia había puesto a su hijo el nombre de Riego, en memoria de este militar liberal y revolucionario, muerto décadas atrás.
¿Qué extraño hilo rojo une a un oscuro teniente coronel de ideas liberales y democráticas con las figuras señeras del republicanismo y el movimiento obrero españoles de los decenios posteriores? ¿Por qué en la Unión Soviética de 1939, en pleno apogeo del Estado autodenominado como proletario se publicó un libro de G. Revsin titulado “Riego, héroe de España”? ¿Qué oscura clave conecta aún hoy la memoria del liberalismo democrático de primera hora con la narrativa feroz de las revoluciones proletarias y la transformación radical del mundo?
Preguntarse por Riego es, al fin y al cabo, preguntarse por la democracia. Por esa extraña consigna levantada por la burguesía al albur de la Revolución Francesa de 1789, contra el poder autocrático del Antiguo Régimen, que más tarde trataría de profundizar y acrecer, hasta un extremo no previsto por sus primeros defensores, el movimiento proletario del siglo XX.
A finales del siglo XVIII la burguesía era una clase social en plena expansión económica, pero apartada del ejercicio del poder efectivo por la estructura de un Antiguo Régimen basado en el dominio autocrático y absoluto de la Corona, la Iglesia y la clase aristocrática.
Frente a la áurea leyenda de una democracia agraria pura y virginal, el mundo inmediatamente anterior a la Gran Revolución estaba ferozmente determinado por el poder sin límites de señores, curas y reyes. El latifundismo feudal, expresado en obligaciones de servidumbre como el famoso “derecho de pernada” o de “prima nocte” era una realidad enormemente extendida que había derrotado ya hacía tiempo al régimen concejil. Pese a la subsistencia de parte del comunal, lo cierto es que la praxis social aldeana estaba controlada, en la mayor parte de los sitios, por nobles y eclesiásticos, en el marco de un ordenamiento jurídico donde la tortura era considerada un medio normal y legal de prueba, y la represión de los actos de rebeldía descansaba en el concepto del suplicio (la muerte, la mutilación, la tortura pública del delincuente). El analfabetismo era masivo y cualquier libro que pusiese en cuestión la más estrecha visión de la Santa Madre Iglesia convertía a su autor, si era identificado, en el objeto de las más ignominiosas crueldades.
La burguesía se había hecho fuerte en los poros de esta sociedad. Dedicándose a las actividades de nuevo desarrollo (el comercio, la industria, la usura…) había conseguido enriquecerse, pero su pujanza económica no se traducía en un poder político y social efectivo. Nobleza, Iglesia y Corona, pese a  sus ocasionales encontronazos mutuos, seguían guardándose la parte principal del pastel para ellos solos.
Así que esta nueva clase dinámica y en crecimiento de la sociedad necesitó aliados en su pugna por el poder. Necesitó romper un tabú: el de la absoluta pasividad de las masas populares, trabajadoras y campesinas.
Para atraer a su lado a los sectores sometidos, la burguesía, en el crisol de una de las mayores oleadas revolucionarias que en el mundo han sido, tuvo que prometerles algo: el concepto feroz y feraz de la democracia. Rebuscando en las tradiciones campesinas y en la cultura precristiana de Occidente, los teóricos liberales levantaron una bandera que llevaba siglos arrumbada: los hombres son todos iguales y deben de tener la misma capacidad de decisión. Libertad, Igualdad, Fraternidad. Los pilares y ejes esenciales de una sociedad democrática y libre.
Ya desde el primer acto de este drama quedó claro que había distintas concepciones de dicho vocablo. Mientras los sectores burgueses hablaban de una ruptura con los límites teocráticos y absolutos del Antiguo Régimen que no superase determinados listones arbitrariamente establecidos, los sectores populares hicieron pronto suya (desde la propia Revolución Francesa, en la que ya se puede rastrear la existencia de facciones como las de Marat, Hebert o Babeuf) la consigna democrática exigiendo que la libertad, la igualdad y la fraternidad llegaran, incluso, al corazón de la estructura social: la organización económica de la vida.
La burguesía, para llegar al poder, había tenido que arrasar con dos mitos esenciales que una tradición de un milenio había mantenido incólumes. Había creado dos gigantescos monstruos que se convirtieron, subsiguientemente, en su gran pesadilla:
Había demostrado, primero, que la Revolución Social es posible. En cerca de cien años, la acción de las masas populares realizó una transformación completa y radical del cuerpo social y la estructura de poder. Todo mutó, desde la organización de la familia, hasta la cosmovisión general de la población o la educación de los niños. Aquello no eran simples levantamientos campesinos para exigir menos impuestos o cambiar un Rey por otro. Era el vértigo de las masas irrumpiendo en la Historia y cambiando el mundo, como se dijo entonces, “de arriba abajo”. Con mayor o menor consciencia, es cierto, pero conformando un sujeto imposible de detener. Y que ya no se detendría. La idea de que una Revolución Social es posible, caló hasta lo más profundo de la imaginación popular, expresándose en las nuevas herejías antiburguesas: el socialismo, el anarquismo, el comunismo…
Además, la idea de que los seres humanos han de ser libres e iguales, y de que las decisiones sociales han de tomarse desde una praxis democrática, caló igualmente en las mentes de las nuevas generaciones. Ya no se aceptarían diferencias de nacimiento como en el orden del Antiguo Régimen, recién derribado (ni, con el tiempo, incluso de género). No habría sangres rojas y azules. La idea de la democracia y la igualdad se convertiría en un gigantesco virus que alimentaría todos los sueños febriles del proletariado y el campesinado en los siglos siguientes.
Por supuesto, la burguesía, tras vencer gracias a ellos, hizo todo lo posible por derribar a los dos titanes que acababa de despertar: habló del sufragio censitario, del parlamentarismo, de la representación nacional contra el mandato imperativo, de la monarquía parlamentaria…Trató de levantar, infructuosamente, nuevos diques que detuviesen la energía desatada de las masas: partidos políticos, campañas electorales, Razón de Estado…pero a cada nuevo dique le correspondían sus propias grietas, sus rupturas. Cuando lo liberales hablaron de sufragio censitario, los demócratas levantaron la bandera del sufragio universal; cuando los demócratas (ya domesticados) hablaron de monarquía parlamentaria, los republicanos se insurreccionaron en nombre de la democracia federal; cuando los republicanos alabaron las virtudes de la pequeña burguesía, el proletariado se alzó inconmensurable, con una pregunta que agitó los mares y estremeció los anhelos de millones de seres humanos durante decenios de lucha inquebrantable: ¿Por qué la democracia ha de detenerse –inquirió, casi textualmente, por ejemplo, Carlos Marx en “El Capital” – a las puertas de la fábrica? ¿Por qué la libertad, la igualdad, la fraternidad, no han de determinar la estructura de la propiedad, la regulación interna de la vida productiva y económica?
Somos todos hijos de ese mar embravecido que, desde las jornadas gloriosas de 1789, no dejó de lanzar sus dentelladas contra el dique burgués, tras ver que había sido capaz de derribar el de las testas coronadas.
Pero no nos engañemos. La Historia no se entiende si sólo se analiza ex post facto. Es fácil decir, pasada la fiesta, que los liberales de primera hora querían el triunfo de la burguesía y, por tanto, la OTAN, la Play Station, los discos de Bisbal, el bombardeo de Bagdad, el FMI, las contratas y subcontratas, el fútbol profesional, o cualquier otra cosa del mundo actual. Quienes ven así la Historia son como aquellos cineastas que, realizando una película sobre el Cid, olvidan quitarle el reloj de pulsera al protagonista de la escena de amor. Las gentes reales viven en su tiempo, en su momento, y tienen únicamente las alternativas concretas y efectivas que su época les permite. El conflicto real, el que enfrentó la gente real, no fue el que encaraba a los liberales con las ideas de Félix Rodrigo Mora (por ejemplo), o a Rafael del Riego con una “democracia campesina” que ya había sido aplastada siglos antes por el cuerpo armado de la aristocracia y la reptiliana doctrina de la Iglesia. Las gentes que se levantaron en 1789, o que lucharon contra el absolutismo en el largo y convulso siglo XIX, lo hicieron en el nombre de la igualdad, la libertad de espíritu, la posibilidad de decir lo que pensaban, y se enfrentaron con el oscurantismo, la superstición y el odio salvaje que siempre ha demostrado el alma conservadora y tradicionalista española. “Monárquica y sentimental”, pero capaz de las más horrorosas crueldades, como bien quedó demostrado a partir de 1936.
Sólo hay que hacer un pequeño seguimiento a la delgada línea roja, a algunas de sus hebras. Tras Riego, vinieron otros:
-Ramón Xaudaró, liberal republicano conocido como el “Marat barcelonés”, que se puso a la cabeza del levantamiento de la Ciudad Condal de 1837. Fue fusilado por, según se dijo, “propagar teorías disolventes” y ponerse “a la cabeza de proletarios armados para destruir el edificio social”.
-Francisco Pi i Margall, presidente de la Primera República. Masón. Federalista. Introductor de Proudhon en España.
-Eduardo Barriobero. Diputado Republicano federal. Abogado de la CNT. Presidente del Tribunal Revolucionario de Barcelona, tras el 18 de julio de 1936, a propuesta del sindicato anarcosindicalista. Puesto en el que fue sustituido por Angel Samblancat, un personaje muy parecido (también republicano federal y masón, y también un “hombre de la CNT”). Defensor de una “República social” que fuera más allá del parlamentarismo y del dique burgués, como un primer paso hacia el comunismo libertario.
-Ricardo Mella, Ramón Acín, Gil Bel, Pedro Vallina, Fermín Salvochea ¿Cuantos hombres y mujeres del movimiento obrero empezaron militando en las filas del republicanismo federal, radicalmente democrático y socializante? ¿Cuántos pasaron del reclamo de mayor libertad política a la reivindicación de la libertad y la igualdad social?
Es muy simple: en 1848 una ola revolucionaria se desató en la práctica totalidad del territorio europeo. Reclamaban principalmente libertad, democracia, República. Su parecido con el 2011 árabe ha sido ya subrayado por muchos analistas. Hubo dos tipos barbudos, entre los miles que se bregaron esos años en esa lucha por democracia, libertad, República. Analizaron sus posibilidades y sus límites. Y, subsiguientemente, decidieron trascenderla, superarla, acrecentarla, llevarla mucho más allá, hasta traspasar los límites que la propia burguesía insurrecta ya no consideraba aceptables. Se llamaban Carlos Marx y Miguel Bakunin. Exiliados, encarcelados, perseguidos por su participación en esos levantamientos, dieron voz a los millones de personas que, en el siguiente siglo, se tomaron la consigna de la democracia mucho más en serio que sus propios inventores.
No tenemos por qué renunciar a ella. Más allá y contra el parlamentarismo,  las campañas electorales, el “pluralismo político” de los lobbies o la “Gobernanza  Global”, lo que nosotros reivindicamos es una democracia efectiva y real. Una democracia que no se pare a las puertas de los centros de trabajo. Muchísima más democracia. Hasta hartarnos. No rompamos la delgada línea roja de los últimos doscientos años. Ya les gustaría.
José Luis Carretero Miramar

DE LAS AGENCIAS DE RATING A LA REFORMA DE LA NEGOCACION COLECTIVA

De las agencias de rating a la reforma de la negociación colectiva
Revista Trasversales número 22 primavera2011

Otros textos del autor en Trasversales

José Luis Carretero Miramar es profesor de Formación y Orientación Laboral. Afiliado al sindicato Solidaridad Obrera. Miembro del Instituto de Ciencias Económicas y de la Autogestión (ICEA).



Reforma laboral, reforma de las pensiones, Fondo de Capitalización de los despidos, privatizaciones, copago, modificación de la negociación colectiva… ¿Hay algo en común en todo ello? ¿Cómo opera la relación interna entre todos esos sucesos, si existe?

Hay quienes intentan desentrañarlo y quienes intentan oscurecerlo, mientras se agolpan aceleradamente las modificaciones legislativas y sociales que mutan nuestro incipiente y nunca desarrollado del todo Estado del Bienestar en un erial socioeconómico en el que las nuevas generaciones no tienen posibilidad alguna de una vida digna.
Hay elementos, sin embargo, que pueden actuar como claves de interpretación de lo sucedido, como una especie de fórceps teóricos que nos permiten acceder a una visión más nítida de lo que acontece. Porque si bien hay quien nos presenta esta situación como una especie de “desastre natural” sin culpables ni explicación plausible, lo cierto es que todo esto tiene una génesis concreta y determinable.

Recientemente, un grupo de abogados y organizaciones sociales interponía una querella criminal ante la Audiencia Nacional contra las agencias de rating Moody´s, Fitch y Standard and Poor´s. ¿Qué relevancia tienen estas tres concretas empresas privadas a la hora de interpretar el actual desbarajuste, acrecido en huracán, que amenaza con derruir la totalidad del llamado Estado Social Europeo?
Las empresas querelladas sólo hacen algo que, a simple vista, pudiera parecer enteramente inocente y desconectado de realidades como el despido flexible, la ancianidad mísera o los funcionarios interinos en el paro: dan una nota, basada en un informe, a los distintos instrumentos financieros emitidos por los Estados o los agentes privados. Si el Estado Español, por ejemplo, emite deuda pública, ellos indican si la misma les parece “excelente” o “especulativa” en función de unos criterios que nunca han sido concretados del todo. Al fin y al cabo, según ellos, lo que realizan no es otra cosa que un uso de su “libertad de expresión”, por lo que utilizan criterios que no han de cumplir ningún tipo de regulación legal explícita.
Todo parece muy simple. Ellos califican y el mercado hace lo demás. Pero lo cierto es que en este teatro hay mucho de trampa y fingimiento, de acuerdo implícito.

Veamos un ejemplo: el 28 de abril de 2010, Standard´s and Poor´s rebaja el rating de la deuda pública española de AA+ a AA. Lo más curioso es que la decisión se hace pública a las 17:27 horas, apenas tres minutos antes del fin de la jornada del Ibex y diez minutos antes del fin de la subasta de la deuda pública española. En esos escasos diez minutos la Bolsa hispana se desploma un 2,99 %, liderando las caídas en toda Europa.
Parece trivial, pero no lo es. Como tampoco lo es que los grandes Bancos que compran nuestros bonos, cuya calificación ha sido rebajada reiteradamente por estas empresas, sean clientes suyos y no vean, sin embargo, la suya consecuentemente disminuida.

Lo cierto es que el entrelazamiento de intereses entre los grandes inversores privados y las agencias de rating, y sus evanescentes maniobras, parecen cumplir presuntamente con los elementos de los tipos delictivos que se les imputan en la querella presentada en la Audiencia Nacional: conspiración para alterar el precio de las cosas y utilización de información privilegiada.
Pero en realidad el asunto va más allá. Porque, como apuntábamos más arriba, el aumento de los intereses de la deuda pública española forzado por estas maniobras torticeras, empuja el tren neoliberal unas cuantas estaciones más lejos: con la excusa del incremento de los tipos de la deuda, se aprovecha para obligar a los poderes públicos de los países periféricos de Europa a tomar decisiones políticas favorables a los negocios privados (y, las más de las veces, antisociales) de los inversores internacionales en abierta colusión con las agencias de rating.

Pongamos otro ejemplo, extraído también del cuerpo de la querella presentada ante la Audiencia Nacional: el 28 de enero de 2011, ante un Auto de la Audiencia Provincial de Navarra que reconocía la dación en pago de la vivienda hipotecada (es decir, que su entrega debía de bastar para finiquitar la deuda), una de las mencionadas agencias de rating afirmaba: “Fitch espera que la apelación del prestamista anulará la sentencia inicial. Sin embargo, si la apelación fracasa, daría lugar a un importante precedente material que potencialmente forzaría a Fitch a revisar sus actuales valoraciones del mercado”.

Se ha puesto de moda decir, por parte de los responsables políticos y de los interlocutores sociales, que los españoles tenemos “deberes” que cumplir. “Deberes” que nos ponen la Comisión Europea o los grandes inversores. Deberes para escolares aplicados, según una pedagogía un tanto caduca. Para ser vistos como un pueblo y un Estado de fiar. Esos deberes, sin embargo, no son más que la tétrica confirmación de nuestra absoluta falta de soberanía, de la ausencia de democracia efectiva, del gigantesco aparato caciquil en que se han transmutado los llamados “mercados globales”.
Así pues, con la inestimable ayuda de las agencias de rating, las oligarquías financieras pretenden determinar la textura de material de nuestras vidas, la calidad última de nuestros sistemas sociales y políticos.

A nadie le resultará descabellado considerar a la reforma laboral y al Acuerdo Económico y Social sobre las pensiones como los subproductos últimos de esta fenomenal colusión que sólo pretende salvar in extremis a un capitalismo voraz y en estado de senilidad. Al ver que sus enormes ganancias de los últimos decenios no eran más que virtuales, humo sin apenas ceniza ni valor, las grandes fortunas están operando como una colosal aspiradora que pretende volver reales las cantidades ubicuas de la contabilidad creativa de los años de bonanza.
Y para ello ningún límite parece ser respetado. Tendremos un nuevo modelo de negociación colectiva, de difícil encaje en la arquitectura constitucional, para demostrar que somos capaces de cumplir con los “deberes” que nos fueron impuestos. Pero, aún así, deberemos escuchar sin inmutarnos, pero con mirada servil, como el secretario general de la OCDE, Ángel Gurría, afirma sobre España, tras la caída de Portugal: “nunca se puede cantar victoria porque los deberes nunca están hechos del todo” (El Economista, 8-4-2011, pág. 7).

Una reforma de la negociación colectiva que está apunto de aprobarse cuando se escriben estas líneas, y que parece bascular entorno de una serie de temáticas esenciales: favorecer la negociación a nivel de empresa (donde los sindicatos simplemente no existen en la mayoría de los casos) y no de sector; la limitación o desaparición de la ultra-actividad de los convenios (que establece un suelo a la negociación en curso), la marginación de los sindicatos periféricos (y muy concretamente, algunos de enorme representatividad a nivel de Comunidad Autónoma), y la promoción de los sistemas no jurisdiccionales, como el arbitraje, a la hora de encarar los conflictos subsiguientes (algo sobre lo que hemos escrito ya un artículo en la versión electrónica de esta misma revista).

Una reforma legislativa, en todo caso, que se enmarca, como el conjunto de las medidas regresivas socialmente que no han dejado de aprobarse en los últimos meses, en el contexto de la mayor ofensiva contra los derechos sociales y económicos de las poblaciones europeas en más de medio siglo.
Como dijo, no hace tanto, Warren Buffet, el multimillonario presidente de Berkshire Hathaway, principal accionista de la empresa de rating Moody´s: “esto es la lucha de clases, y la mía, la de los ricos, la está ganando”. Eso sí, siempre y cuando continuemos mirándonos los pies.

lunes, 23 de mayo de 2011

Por una democracia sustancial.

POR UNA DEMOCRACIA SUSTANCIAL.


            Estos días las plazas de nuestras ciudades han sido ocupadas por la juventud. Reclaman “democracia real”, reivindican otra sociedad. La dictadura feroz y autista de los mercados ha sido puesta en cuestión por la movilización masiva y asamblearia de un pueblo entero que, ahíto de tanta mansedumbre, al fin ha decidido hacerse dueño de su propio destino.

            Este movimiento, y las gentes que nos hemos sumado a sus actividades con mayor o menor decisión, reclaman un profundo desarrollo de la fundamentación democrática de la sociedad española. Más allá del bipartidismo juancarlista, del ordeno y mando de unos mercados financieros internacionales a quienes nadie ha elegido, se impone un auténtico proceso constituyente que delimite la arquitectura de una sociedad muy otra, donde la ciudadanía pueda expresar con plena libertad sus ideas e inquietudes, y hacerlas realidad.

            Superando el cerco mediático y el forzado “consenso” que, inaugurado en la transición, ha impedido durante décadas el pleno ejercicio de los derechos democráticos por parte de los ciudadanos, la toma de decisiones participativa y asamblearia ha demostrado ser un excelente cimiento común.

            Pero algo más ha de ser tenido en cuenta: la nueva democracia real no funcionará ni se volverá posible sin una base social suficientemente extensa. Y esto nos empuja a encarar el problema de lo social y de lo laboral: no hay democracia si esta se detiene a las puertas de los centros de trabajo, si hay una enorme disparidad entre las posibilidades económicas de los distintos sectores productivos, que empuja a los “perdedores del mercado” a la miseria, la precariedad o el abandono. Sin resolver la “cuestión social”, sin un contenido claro al respecto, la democracia política no será más que un frágil juego de espejos, siempre en la cuerda floja.

            Hemos de reclamar, por tanto, el fin de la dictadura neoliberal y del saqueo efectuado por la oligarquía financiera con la misma fuerza e ímpetu con que se reclaman otras cosas: la llamada deuda externa (y, sobre todo, la privada de las entidades financieras) debe ser sometida a una auditoría rigurosa que imponga una quita sustancial o, simplemente, repudiada; las privatizaciones deben detenerse y revertirse; la banca debe de ser sometida a un control público exhaustivo o nacionalizada. Incluso debemos ir más allá, si de verdad buscamos y defendemos una democracia sustancial: la cogestión, la recuperación de empresas por los propios trabajadores, el cooperativismo, el emprendimiento autogestionario y la economía social deben ser decididamente apoyados por las nuevas fuerzas democráticas.

            Sin una recomposición económica de la sociedad que detenga el vértigo flexibilizador y desregulador del neoliberalismo, tanto en el plano económico como en el laboral, cualquier derecho democrático que se pretenda defender será nulificado y laminado por los amos del dinero y sus capataces.

            Por tanto, toda la arquitectura antisocial de las ETTs, las agencias de rating, la contratación temporal y precaria, el despido libre subvencionado y demás inventos que sólo favorecen a las grandes empresas transnacionales que únicamente quieren trabajo barato y servicial, ha de ser totalmente abandonada; y la participación de los trabajadores en la vida laboral ha de pasar a formar parte del contenido de nuestros reclamos.

            Y ello, mucho más allá de los “patriotismos de organización” y los resquemores y mezquindades de ciertos sectores de la izquierda que han sido incapaces de entender que, cuando la gente se levanta, sobran todos los catecismos.

            Si queremos construir una nueva sociedad, una democracia sustancial, hemos de buscar las raíces del árbol de la desigualdad y arrancarlas con decisión. Es la hora de la gente, de quienes estudian, trabajan y sueñan (tengan o no lo que llaman un “empleo”), de quienes deben decidir.

            Es la hora de que el pueblo tome la palabra.


                        José Luis Carretero Miramar.

martes, 10 de mayo de 2011

ATENTOS AL ARBITRAJE

Atentos al arbitraje
Revista Trasversales número 21 marzo 2011

José Luis Carretero Miramar es profesor de Formación y Orientación Laboral, afiliado al sindicato Solidaridad Obrera, miembro del Instituto de Ciencias Económicas y de la Autogestión (ICEA).

Otros textos del autor



Según las informaciones que han ido trascendiendo a la opinión pública, el arbitraje va a ser un elemento esencial del nuevo modelo de negociación colectiva. Se habla de un arbitraje obligatorio, una vez se termine con el período limitado durante el cual se mantendrá la ultractividad de los convenios, como una de las posibilidades que se están barajando en estos momentos. Pero en todo caso, se acepte o no ese modelo concreto, lo cierto es que los laudos arbitrales se convertirán en un elemento esencial de la nueva estructura negociadora.

El arbitraje, ciertamente, puede tener en principio un halo de bondad y de progresividad: al fin y al cabo minimiza los costes de las partes (aunque sólo en principio, pues los honorarios de árbitros y conciliadores no son menores) y dirime el conflicto de intereses desde una posición que, se presume, es siempre aceptable para las fuerzas contendientes.

Sin embargo, autores como Juan Hernández Zubizarreta han puesto de relieve como el mecanismo del laudo arbitral, aplicado a las relaciones entre los Estados de la Periferia y las multinacionales, ha constituido uno de los elementos que han permitido a estas últimas abatir las regulaciones y controles estatales e internacionales que les impedían maximizar su tasas de beneficios con evidentes perjuicios medioambientales y sociales.

Como afirma Hernández Zubizarreta: “el modelo neoliberal ha ido apuntalando el arbitraje como mecanismo favorable a las transnacionales. No conviene olvidar que los conflictos entorno a las inversiones entre países ricos se resuelven en el marco de los sistemas jurídicos nacionales o por mecanismos entre estados, al margen de los sistemas arbitrales (…) La privatización del derecho afecta directamente a las mayorías sociales. Los tribunales arbitrales se encuentran al margen del Derecho Público estatal e internacional” (Juan Hernández Zubizarreta, “La feudalización del derecho corporativo transnacional. La nueva lex mercatoria en Bolivia”, en Erika González y Mario Gandarillas (Coords.) “Las multinacionales en Bolivia”, Icaria-Paz con Dignidad-OMAL, 2010).

Así, en el marco de la lex mercatoria  internacional, que regula las relaciones entre los Estados del Sur y las empresas del Norte, en relación a las inversiones de estas últimas, la existencia y efectividad de los laudos arbitrales se ha disparado, con evidentes efectos sobre la ordenación resultante. Mientras la tutela de los derechos de los trabajadores queda reenviada a tribunales internos sometidos a profundas modificaciones deslegitimatorias por parte del universo neoliberal, la salvaguarda de los inversores se protege por mecanismos arbitrales reforzados que terminan, de una manera u otra, realizando una auténtica “justicia de clase”, enormemente sesgada.

No en vano, como indicó el presidente de la dirección del CIADI (organismo del Banco Mundial encargado de potenciar y poner en marcha los mecanismos arbitrales) “el arbitraje existe sólo con un propósito: servir al hombre de negocios”. No es de extrañar, pues, que las resoluciones del propio CIADI favorezcan comúnmente los intereses de las compañías transnacionales, en el marco de laudos arbitrales llevados a cabo por expertos en Comercio Internacional desvinculados profesionalmente del Derecho Internacional de los Derechos Humanos y del Derecho Internacional del Trabajo.

¿Existe el mismo peligro cuando hablamos del arbitraje en el marco de la negociación colectiva laboral en nuestro Estado? Podemos empezar a dirimirlo en función de una serie de elementos básicos a tener en cuenta.

En primer lugar, tenemos que tener presente que, en nuestro ordenamiento, el arbitraje como medio heterónomo de arreglo de controversias se fundamenta en la autonomía de voluntad de las partes, lo que “lo vincula constitucionalmente con la libertad como valor superior del ordenamiento” (STC 176/96 de 11 de noviembre).

Sin embargo, para que esta benéfica vinculación se produzca, el arbitraje ha de respetar determinados límites, pues en otro caso podría afectar a otros derechos constitucionales también en juego: el derecho a la tutela judicial efectiva (art. 24 de la Constitución) y el derecho a la negociación colectiva (art. 37.1 CE), así como a los derechos conexos a esta última como el derecho de huelga o el de la libertad sindical (art. 28 CE).

En todo caso, y respecto del derecho a la tutela judicial efectiva, hemos de tener en cuenta que no es posible legalmente que nadie impida el derecho a la acción judicial por vía de prohibiciones directas o tácitas, pero en todo caso las partes de un conflicto pueden, validamente, decidir en uso de su autonomía, si utilizarán para dirimirlo los cauces judiciales o los del arbitraje, con un evidente límite constitucional: el arbitraje ha de ser enteramente voluntario, pues “debe haber conformidad de las partes de someterse al procedimiento arbitral” (STC 59/2003 de 12 de julio).

¿Y qué ocurre en los conflictos de intereses, es decir, en los conflictos que no tratan de determinar el sentido de una norma sino de redactar la norma misma, en este caso el convenio colectivo, por ejemplo? Aquí, de nuevo, el régimen constitucional español es claro: el arbitraje de intereses en un proceso de negociación colectiva tampoco puede ser obligatorio, sino que debe ser resultado de la libre voluntad de las partes. A este respecto, nuestro Tribunal Constitucional declaró contrario a la Carta Magna el arbitraje administrativo obligatorio previsto en el artículo 25 del Real Decreto de Relaciones de Trabajo del 1977, con las siguientes palabras: “ni se trata propiamente de un arbitraje ni, aunque fuera así, concurren los elementos justificativos de la restricción que al derecho a la negociación puede establecerse” (STC 11/81, de 8 de abril).

Lo mismo sucede con respecto a otros derechos conexos al relativo a la negociación colectiva, como son el derecho de huelga o el de la libertad sindical: no resultan afectados si el arbitraje es libremente constituido por la parte concernida, pero resultarán conculcados si a ésta se le impone una dinámica arbitral que le impide tener su propia estrategia.
Así pues, aquí encontramos los límites efectivos que respecto al ejercicio del arbitraje deben interesarnos: constituye una justicia “de clase” (pues nunca se nombra como árbitro al operario manual de la esquina) que puede ser útil en determinados momentos o conculcar derechos fundamentales de los trabajadores, si no es constitucionalmente establecido.

Por tanto, el recurso a un arbitraje obligatorio y forzado, además de cercenar derechos constitucionalmente protegidos respecto de los sujetos (sindicales, laborales) que no lo han pactado, inaugura el peligro de la estructuración de una doble vía para la efectividad de los derechos concernidos: una jurisdiccional desarticulada, empantanada y deslegitimada por el neoliberalismo, para los derechos sociales reconocidos, y una “de clase” y reforzada para los privilegios empresariales. Podría significar, en función de cómo fuera específicamente legislado, una vuelta de tuerca esencial en la construcción de un ordenamiento del trabajo a la imagen y semejanza de la lex mercatoria internacional, centrado en reforzar la tutela de la parte, de facto, más poderosa en la relación laboral: el propio empresario.

Y todo ello, no lo olvidemos, sin el necesario debate democrático al respecto entre las bases del movimiento obrero.

Mantengámonos atentos.

Madrid, 21 de marzo de 2011

ATENTS A L´ARBITRATGE! (Catalá)

Reflexions sobre el futur de l’arbitratge per part de l’Estat en els conflictes entre empreses i treballadors
Atents a l’arbitratge!
Article d’opinio de José Carretero
dilluns 18 d'abril de 2011
per Secretaria de Comunicació
Jose Luis Carretero comenta en aquest article, publicat en la revista Transversales, com l’arbitratge per part de l’Estat en els conflictes entre empreses i treballadors sense el consentiment previ d’aquests, anirà tenint cada vegada major repercussió, segurament en perjudici dels treballadors.
Segons les informacions que han anat transcendint a l’opinió pública, l’arbitratge serà un element essencial del nou model de negociació col·lectiva. Es parla d’un arbitratge obligatori, una vegada s’acabi amb el període limitat durant el qual es mantindrà la ultractivitat dels convenis, com una de les possibilitats que s’estan remenant en aquests moments.
Però en tot cas, s’accepti o no aquest model concret, la veritat és que els laudes arbitrals es convertiran en un element essencial de la nova estructura negociadora. L’arbitratge, certament, pot tenir en principi una imatge de bondat i de progressivitat: al cap i a la fi minimitza els costos de les parts (encara que només en principi, doncs els honoraris d’àrbitres i conciliadores no són menors) i dirimeix el conflicte d’interessos des d’una posició que, es presumeix, és sempre acceptable per a les forces contendents.
No obstant això, autors com Juan Hernández Zubizarreta han posat en relleu com el mecanisme del laude arbitral, aplicat a les relacions entre els Estats de la Perifèria i les multinacionals, ha constituït un dels elements que han permès a aquestes últimes abatre les regulacions i controls estatals i internacionals que els impedien maximitzar la seva taxes de beneficis amb evidents perjudicis mediambientals i socials.
Com afirma Hernández Zubizarreta: “el model neoliberal ha anat apuntalant l’arbitratge com mecanisme favorable a les transnacionals. No convé oblidar que els conflictes entorn a les inversions entre països rics es resolen en el marc dels sistemes jurídics nacionals o per mecanismes entre estats, al marge dels sistemes arbitrals (…) La privatització del dret afecta directament a les majories socials. Els tribunals arbitrals es troben al marge del Dret Públic estatal i internacional” (Juan Hernández Zubizarreta, “La feudalización del derecho corporativo transnacional. La nueva lex mercatoria en Bolivia”, en Erika González y Mario Gandarillas (Coords.) “Las multinacionales en Bolivia”, Icaria-Paz con Dignidad-OMAL, 2010).
Així, en el marc de la lex mercatoria internacional, que regula les relacions entre els Estats del Sud i les empreses del Nord, en relació a les inversions d’aquestes últimes, l’existència i efectivitat dels laudes arbitrals s’ha disparat, amb evidents efectes sobre l’ordenació resultant. Mentre la tutela dels drets dels treballadors queda reexpedida a tribunals interns sotmesos a profundes modificacions deslegitimatòries per part de l’univers neoliberal, la salvaguarda dels inversors es protegeix per mecanismes arbitrals reforçats que acaben, d’una manera o altra, realitzant una autèntica “justícia de classe”, enormement esbiaixada.
No en va, com va indicar el president de la Direcció del CIADI (organisme del Banc Mundial encarregat de potenciar i engegar els mecanismes arbitrals) “l’arbitratge existeix només amb un propòsit: servir a l’home de negocis”. No és d’estranyar, doncs, que les resolucions del propi CIADI afavoreixin comunament els interessos de les companyies transnacionals, en el marc de laudes arbitrals portats a terme per experts en Comerç Internacional desvinculats professionalment del Dret Internacional dels Drets Humans i del Dret Internacional del Treball.
Existeix el mateix perill quan parlem de l’arbitratge en el marc de la negociació col·lectiva laboral en el nostre Estat? Podem començar a dirimir-lo en funció d’una sèrie d’elements bàsics a tenir en compte.
En primer lloc, hem de tenir present que, en el nostre ordenament, l’arbitratge com mitjà heterònom d’arranjament de controvèrsies es fonamenta en l’autonomia de voluntat de les parts, el que “ho vincula constitucionalment amb la llibertat com valor superior de l’ordenament” (STC 176/96 de 11 de novembre).
No obstant això, perquè aquesta benèfica vinculació es produeixi, l’arbitratge ha de respectar determinats límits, doncs en altre cas podria afectar a altres drets constitucionals també en joc: el dret a la tutela judicial efectiva (art. 24 de la Constitució) i el dret a la negociació col·lectiva (art. 37.1 CE), així com als drets connexos a aquesta última com el dret de vaga o el de la llibertat sindical (art. 28 CE).
En tot cas, i respecte del dret a la tutela judicial efectiva, hem de tenir en compte que no és possible legalment que ningú impedeixi el dret a l’acció judicial per via de prohibicions directes o tàcites, però en tot cas les parts d’un conflicte poden, vàlidament, decidir en ús de la seva autonomia, si utilitzaran per a dirimir-lo els camins judicials o els de l’arbitratge, amb un evident límit constitucional: l’arbitratge ha de ser enterament voluntari, doncs “ha d’haver conformitat de les parts de sotmetre’s al procediment arbitral” (STC 59/2003 de 12 de juliol).
I què passa en els conflictes d’interessos, és a dir, en els conflictes que no tracten de determinar el sentit d’una norma sinó de redactar la norma mateixa, en aquest cas el conveni col·lectiu, per exemple? Aquí, de nou, el règim constitucional espanyol és clar: l’arbitratge d’interessos en un procés de negociació col·lectiva tampoc pot ser obligatori, sinó que ha de ser resultat de la lliure voluntat de les parts. Referent a això, el nostre Tribunal Constitucional va declarar contrari a la Carta Magna l’arbitratge administratiu obligatori previst en l’article 25 del Reial decret de Relacions de Treball del 1977, amb les següents paraules: “ni es tracta pròpiament d’un arbitratge ni, encara que fora així, concorren els elements justificatius de la restricció que al dret a la negociació pot establir-se” (STC 11/81, de 8 d’abril).
El mateix succeïx pel que fa a altres drets connexos al relatiu a la negociació col·lectiva, com són el dret de vaga o el de la llibertat sindical: no resulten afectats si l’arbitratge és lliurement constituït per la part concernida, però resultaran conculcats si a aquesta se li imposa una dinàmica arbitral que li impedeix tenir la seva pròpia estratègia.
Així doncs, aquí trobem els límits efectius que respecte a l’exercici de l’arbitratge han d’interessar-nos: constitueix una justícia “de classe” (doncs mai es nomena com àrbitre a l’operari manual de la cantonada) que pot ser útil en determinats moments o conculcar drets fonamentals dels treballadors, si no és constitucionalment establert.
Per tant, el recurs a un arbitratge obligatori i forçat, a més de afectar drets constitucionalment protegits respecte dels subjectes (sindicals, laborals) que no ho han pactat, inaugura el perill de l’estructuració d’una doble via per a l’efectivitat dels drets concernits: una jurisdiccional desarticulada, empantanada i deslegitimada pel neoliberalisme, per als drets socials reconeguts, i una “de classe” i reforçada per als privilegis empresarials. Podria significar, en funció de com fora específicament legislat, una volta de rosca essencial en la construcció d’un ordenament del treball a la imatge i semblança de la lex mercatoria internacional, centrat a reforçar la tutela de la part, de facto, més poderosa en la relació laboral: el propi empresari. I tot això, no ho oblidem, sense el necessari debat democràtic referent a això entre les bases del moviment obrer.
Mantinguem-nos atents.
José Luis Carretero Miramar
>>> Article extret del web del ICEA
Traducción: CGT Catalunya.

O modelo austríaco e o triunfo da flexiseguridade (galego)

Co chamado “modelo austríaco” percíbese menos cantidade que anteriormente -un 35% menos de prestación- e necesítase moito máis tempo para alcanzar a prestación máxima -dos 25 anos anteriores a 37 agora-.
 A disposición adicional décima da Lei 35/2010, de 17 de setembro, de medidas urxentes para a reforma do mercado de traballo (a chamada “reforma laboral”) establece que o Goberno, no prazo máximo dun ano desde o 18 de xuño de 2010, aprobará un proxecto de lei polo que, sen incremento das cotizacións empresariais, se regule a constitución dun Fondo de Capitalización das indemnizacións por despedimento, que deberá estar operativo a partir do 1 de xaneiro de 2012.
 Este é o chamado “modelo austriaco”, xa promocionado pola comunicación da Comisión Europea sobre a flexiseguridade do 27 de xuño de 2007, resultado do Libro Verde da mesma Comisión: Modernizar o Dereito laboral para afrontar os retos do século XXI, de 2006. Así mesmo, o recente Acordo Social entre sindicatos maioritarios e Goberno establece que se ten que constituír un grupo de seis expertos consensuados entrambas as partes para estudar a súa implantación.
 O certo é que hai quen afirma que este modelo se puxo por primeira vez en marcha en Costa Rica, non en Austria, pero obviamente, a nivel mediático non é o mesmo chamarlle “modelo costarricense” que “modelo austriaco”.
Malos resultados
 Concretamente, este réxime (Abfertigung Neu), aprobado en xuño de 2002 en Austria, e que entrou en vigor en xaneiro de 2003 no país centroeuropeo, consiste na creación dun fondo individual para cada traballador no que se depositan os dereitos de indemnización por despedimento, traslado, etc., que lle corresponden. Son os chamados Fondos de Previsión dos Traballadores (MVK), non xestionados polo empregador senón por empresas financeiras.
 O empresario ten a obriga de pagar o 1,53 % do salario bruto mensual ao fondo, e os dereitos acumulados permanecen nel até a xubilación ou extinción do contrato, momento no que o traballador decide se os quere cobrar ou prefire gardalos para máis adiante. Por este motivo dise que este sistema facilita a mobilidade laboral sen prexuízo para o traballador, pois este pode manter intacto o seu dereito a unha indemnización maior aínda que cambie de empresa.
 Outra opción é transferir o correspondente importe a un fondo de pensións; algo que, por certo, de momento fixeron poucos traballadores. Para poder cobrar do Fondo, para rematar, é necesario cotizar a el un mínimo de tres anos, o que pode ser un evidente prexuízo para os contratados temporais.
 O resultado do modelo, difícil de avaliar dada a súa recente creación, é extremadamente ambivalente. O certo é que, segundo datos presentados por H. Hofer na revista “Relaciones Laborales”, con el percíbese menos cantidade que anteriormente -un 35% menos de prestación- e necesítase moito máis tempo para alcanzar a prestación máxima -dos 25 anos anteriores a 37 agora-, pero iso non obsta, precisamente, para que se nos presente teimudamente como o máximo do progresismo e da chamada “flexiseguridade garantista”.
 É de salientar que, en todo caso, un 1,53% do soldo mensual totaliza ao finalizar a relación laboral moita menor cantidade que as actuais indemnizacións de 45 ou 33 días de salario por ano traballado (concretamente, equivale a uns sete días de salario ao ano), o que explica a dita rebaixa da prestación, xa que se calcula que para obter unha prestación inferior á actual, pero polo menos semellante, o Fondo debería obter unha rendibilidade das cantidades cotizadas dunha media do 6% ao ano na Bolsa, onde ademais se está investindo principalmente en renda variábel, co consecuente aumento do risco para os cotizantes.
José Luis Carretero Miramar.

[Artigo tirado do sitio web ‘Diagonal’, do 18 de abril de 2011]
Traducción: Galiza CIG.

lunes, 9 de mayo de 2011

A LA VENTA NUEVO LIBRO DE CUENTOS.

Ya está a la venta mi nuevo libro de cuentos "El abogado del hombre más malo del mundo y otros relatos", editado por La Malatesta. Se trata de un librito breve con una serie de narraciones cortas que pretenden romper un poco con la inercia sensiblera  e intimista de cierta literatura progre. Lo he hecho lo mejor que he podido, así que espero que os guste. Un abrazo.
José Luis Carretero.